El Congreso Nacional de la República Dominicana iniciará a partir del próximo 16 de agosto el análisis formal de dos trascendentales proyectos de ley que proponen reestructurar la división política y administrativa del país. Las iniciativas legislativas plantean el nacimiento de las provincias Santa Lucía, en la región sur, y Matías Ramón Mella, mediante la división del actual territorio del Gran Santo Domingo. Ambos proyectos responden a la necesidad expuesta por diversos sectores legislativos de descentralizar la gestión pública, mejorar la prestación de servicios urbanos y dotar de mayor representación institucional a comunidades en constante crecimiento.
Reorganización territorial en el Sur: la propuesta para la provincia Santa Lucía
La primera propuesta, introducida por el senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, plantea elevar el municipio de Las Matas de Farfán al rango de provincia bajo la denominación de Santa Lucía. El proyecto legislativo contempla que esta nueva demarcación geográfica quede integrada por los municipios de Las Matas de Farfán —que ostentaría la condición de municipio cabecera—, El Cercado y Vallejuelo, junto con sus correspondientes distritos municipales, tales como Matayaya, Carrera de Yeguas, Batista, Derrumbadero, Jorgillo y Capulín.
El expediente sustenta la viabilidad de la iniciativa apoyándose en los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, los cuales certifican una población superior a los 48,000 habitantes en Las Matas de Farfán. Asimismo, resalta el dinamismo socioeconómico del territorio, fundamentado en una sólida producción agrícola y ganadera, una activa dinámica comercial y un notable potencial ecoturístico encabezado por monumentos naturales como las Cuevas de Catanamatías. De ser aprobada la iniciativa, la elección de sus autoridades provinciales se efectuaría en el certamen electoral programado para el año 2028.
Desmembramiento del Gran Santo Domingo: la provincia Matías Ramón Mella
Por otro lado, la segunda iniciativa legislativa, impulsada por el diputado Abelardo Rutinel junto al respaldo de más de medio centenar de congresistas de diversas bancadas, propone una profunda reconfiguración de la provincia Santo Domingo mediante la creación de la provincia Matías Ramón Mella. Esta nueva entidad subnacional agruparía a los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Los Alcarrizos, además del distrito municipal de La Victoria, el cual sería elevado a la categoría de municipio.
Los promotores de la ley argumentan que la provincia Santo Domingo, constituida originalmente en el año 2001, ha experimentado una expansión demográfica y urbanística exponencial que desborda la capacidad operativa de las instituciones públicas. Entre los factores determinantes para esta división se destacan los siguientes:
- Optimización de la movilidad: Reducción sustancial de los prolongados desplazamientos que actualmente deben realizar los ciudadanos para acceder a sedes gubernamentales y judiciales centrales.
- Infraestructura preexistente: La zona delimitada cuenta con una base consolidada de servicios de salud, redes de transporte de alta capacidad e instalaciones de administración de justicia aptas para sostener la estructura provincial.
- Descentralización de servicios básicos: Mejora sustancial en la recolección de residuos, seguridad comunitaria y planificación urbana focalizada.
El debate sobre la carga burocrática y la representación institucional
La eventual creación de estas dos demarcaciones reaviva un intenso debate nacional sobre la efectividad de la división territorial. Por un lado, analistas y sectores críticos advierten sobre el impacto presupuestario que conlleva la apertura de nuevas gobernaciones, representaciones senatoriales y estructuras burocráticas en momentos en que la administración central promueve políticas de austeridad. Por otro lado, sus defensores sostienen que la descentralización fomenta la equidad en la distribución del gasto público y acerca el Estado a la ciudadanía.
Ambos proyectos de ley pasarán a la fase de estudio de comisiones parlamentarias en la legislatura que inicia a mediados de agosto. Hasta tanto no completen el ciclo constitucional de aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, seguido de su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo, las propuestas permanecen como iniciativas en desarrollo dentro del marco del ordenamiento jurídico dominicano.
