En lo que representa uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha decidido posponer la entrega e integración total de la sentencia escrita del denominado ‘Caso Coral y Coral 5G’. La nueva audiencia para la lectura íntegra del dictamen ha sido programada para el próximo 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde, tras emitirse el Auto número 249-02-2026-TFIJ-00052.
La prórroga responde a la imperiosa necesidad de los magistrados de redactar, estructurar y revisar meticulosamente la fundamentación jurídica de una causa cuya complejidad procesal no tiene precedentes recientes en la magistratura nacional. Según expresaron las juezas del tribunal, la elaboración del fallo definitivo demanda un rigor exhaustivo para asegurar la coherencia interna y sostener la debida motivación de la decisión, principio fundamental del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Un volumen probatorio y procesal sin precedentes
El litigio oral se extendió a lo largo de 658 días calendario, un lapso en el que la magistratura debió evaluar una cantidad colosal de elementos convictivos presentados por las partes. El expediente abarca la imputación formal de 36 entes procesales —desglosados en 29 personas físicas y siete personas jurídicas—, sumado a la participación activa de 18 intervinientes voluntarios que incidieron en el desarrollo del debate penal.
La magnitud del acervo probatorio debatido en estrados ilustra la complejidad técnica del juicio:
- Testimonios orales: Más de 319 declaraciones periciales y testificales escuchadas en el plenario.
- Pruebas documentales: 4,081 piezas escritas e informes financieros incorporados al proceso.
- Informes periciales: 146 peritajes técnicos y forenses especializados.
- Evidencias materiales: 114 elementos físicos presentados como prueba del delito.
Cuando el tribunal pronunció de manera oral el dispositivo de la condena el pasado mes de junio, la argumentación preliminar se prolongó por más de 11 horas continuas. La parte resolutiva de dicho fallo consta de 41 ordinales distribuidos en 88 páginas, lo que anticipa un documento final de extensión extraordinaria que requiere un control minuciosamente coordinado entre los miembros del colegiado.
Implicaciones penales y la recuperación de fondos públicos
El entramado de corrupción y lavado de activos desarticulado en las operaciones Coral y Coral 5G involucra a exaltos mandos militares, policiales y civiles, señalados de articular una red de desvío de fondos estatales que habría defraudado al erario por un monto superior a los 4,500 millones de pesos dominicanos. Entre las principales figuras condenadas en la resolución oral figuran el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), general Adán Cáceres Silvestre, y el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, junto al coronel Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron penas de 20 años de prisión.
Asimismo, la pastora Rossy Guzmán fue sentenciada a 15 años de cárcel, mientras que otros implicados recibieron condenas menores y siete personas fueron absueltas de cargos. Un elemento determinante de esta histórica resolución es la imposición de una indemnización a favor del Estado dominicano ascendente a 5,000 millones de pesos, cifra calificada por las autoridades de recuperación patrimonial como el mayor resarcimiento económico logrado en la historia judicial del país.
El hito procedimental de la notificación formal
El plazo estipulado en el marco legal para formalizar la sentencia vencía originalmente el 8 de septiembre. No obstante, en vista del volumen documental y los requerimientos de análisis pormenorizado, el tribunal hizo uso de sus facultades para conceder un plazo adicional razonable de 10 días hábiles. La fecha del 23 de septiembre constituirá formalmente el acto de notificación legal a las partes involucradas, marcando el inicio del cómputo para los eventuales recursos de apelación que decidan interponer los equipos de defensa o el Ministerio Público.
