La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) ha encendido las alarmas en el sector económico y regulatorio del país tras rechazar categóricamente que la Comisión Hípica Nacional haya concedido cerca de 30 mil permisos para la operación de agencias hípicas digitales en establecimientos de lotería tradicionales. Este inusual volumen de autorizaciones, revelado recientemente, pone de manifiesto un complejo vacío en la supervisión institucional y amenaza con transformar radicalmente el panorama de los juegos de azar en la nación caribeña.
El conflicto, que involucra a múltiples entidades gubernamentales y gremios empresariales, plantea serios interrogantes sobre la seguridad jurídica y el control fiscal de las apuestas virtuales. La controversia no solo radica en la cantidad masiva de licencias emitidas, sino en el hecho de que estas autorizaciones permiten la comercialización de juegos electrónicos basados en carreras pregrabadas directamente en puntos de venta abiertos al público general, desvirtuando el propósito original de los espacios controlados.
Disputa institucional por la potestad regulatoria
El núcleo de la confrontación gira en torno a las competencias legales de las instituciones del Estado para expedir permisos en la industria del juego. Mientras la Comisión Hípica Nacional defiende sus actuaciones argumentando el respaldo de un decreto presidencial emitido en 2019, la ADOBAD sostiene que dicha práctica vulnera frontalmente el marco legal vigente.
- La Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda y Economía (45-25) centraliza la potestad de licenciar juegos de azar.
- La Ley 253-12 refuerza la capacidad recaudatoria y de control del Estado sobre estas actividades comerciales.
- La Dirección General de Casinos y Juegos de Azar notificó formalmente a la Comisión Hípica que debía cesar la entrega de estos permisos específicos.
Ante este escenario, los directivos de la asociación gremial, encabezados por su presidente Félix Ariel Espinal y el ejecutivo Francisco Pérez, han señalado que la admisión de estas licencias por parte de la Comisión Hípica evidencia la urgencia de reevaluar las normativas actuales para evitar distorsiones graves en el mercado de las apuestas.
Implicaciones futuras y el debate sobre la Ley de Juegos de Azar
Las ramificaciones de este diferendo trascienden el plano administrativo y se adentran en el debate legislativo actual. El proyecto de Ley General de Juegos de Azar, que se encuentra bajo estudio en el Senado de la República, corre el riesgo de ser aprobado con fisuras que propicien la proliferación descontrolada de establecimientos de apuestas digitales en zonas urbanas y comerciales.
Los representantes del sector deportivo advierten que la falta de restricciones claras podría derivar en la creación de verdaderos ‘casinos digitales’ ubicados en la proximidad de jóvenes y menores de edad, exponiéndos a vulnerabilidades sociales inadmisibles. La exigencia principal del sector apunta a unificar los criterios de fiscalización bajo una única autoridad competente, garantizando así un mercado transparente, seguro y debidamente regulado que salvaguarde los intereses económicos del Estado y la protección de la ciudadanía.
