Organizaciones comunitarias y ambientalistas de la provincia Peravia han alzado su voz con urgencia para exigir a las autoridades nacionales la implementación inmediata de controles férreos y fiscalización rigurosa en las inmediaciones del río Nizao. La petición surge como respuesta directa al acelerado deterioro ecológico que padece este importante afluente, víctima histórica de la extracción desmedida y clandestina de áridos y agregados destinados a la industria de la construcción, una práctica que ha transformado drásticamente la morfología fluvial.
El impacto devastador sobre el ecosistema acuífero
La explotación intensiva de los lechos fluviales ha dejado una huella imborrable en el equilibrio ambiental de la región sur de la isla. Según denuncian los colectivos sociales de Baní, la extracción descontrolada no se limita únicamente a la alteración superficial del entorno, sino que ha dado origen a peligrosas y profundas fosas a lo largo del cauce. Estas depresiones artificiales alteran de manera radical el flujo natural del agua, destruyen el hábitat de numerosas especies endémicas y fracturan los mantos acuíferos subterráneos que abastecen tanto a los agricultores locales como a los acueductos comunitarios.
Los daños ecológicos documentados por expertos comprenden:
- Alteración severa del régimen hidrológico y la velocidad de las corrientes.
- Pérdida crítica de biodiversidad acuática y ribereña.
- Erosión progresiva de las márgenes del río, incrementando el riesgo de inundaciones durante períodos de fuertes precipitaciones.
- Contaminación y alteración del nivel freático debido a la maquinaria pesada operando dentro del cuerpo de agua.
Una llamada urgente a la intervención estatal
Ante este panorama crítico, las entidades cívicas recalcan que la permisividad y la falta de vigilancia efectiva por parte de los organismos reguladores están acelerando una catástrofe ambiental irreversible. Los portavoces de las organizaciones banilejas subrayan la necesidad imperativa de un plan multisectorial que involucre al Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el poder judicial, con el fin de sancionar de manera ejemplar a los infractores y frenar el saqueo sistemático de los recursos naturales.
La preservación del río Nizao trasciende el ámbito local, convirtiéndose en un asunto de seguridad hídrica nacional. De no tomarse medidas drásticas en el corto plazo, las consecuencias económicas para la agricultura de la zona y el suministro de agua potable serán incalculables, hipotecando el desarrollo sostenible de las futuras generaciones en toda la demarcación.
