En un esfuerzo por estrechar el vínculo entre las políticas públicas de bienestar y las comunidades más vulnerables, representantes de la Dirección de Desarrollo Social del programa Supérate sostuvieron una masiva asamblea en la provincia de Hato Mayor. El evento, que congregó a residentes de los municipios de Hato Mayor, El Valle y Sabana de la Mar, sirvió como escenario para que cientos de beneficiarios manifestaran sus apremiantes necesidades económicas, centradas primordialmente en la insuficiencia de los montos actuales frente al costo de la vida y en las limitaciones geográficas que obstaculizan el acceso universal a los subsidios estatales de carácter social.
Radiografía de la asistencia social en la demarcación oriental
Durante la jornada de diálogo ciudadano, la plana mayor del programa gubernamental ofreció un balance detallado sobre el alcance actual de las ayudas en la región. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la institución, un total de 17,512 hogares en toda la demarcación perciben algún tipo de asistencia a través de las diversas plataformas de protección social implementadas por el Estado. La estructura de distribución abarca diferentes modalidades diseñadas para mitigar las brechas de desigualdad y pobreza extrema:
- 15,664 familias reciben de manera simultánea los aportes correspondientes a los programas de alimentación y gas licuado de petróleo.
- 7,917 núcleos familiares disfrutan de una cobertura ampliada que incluye, además de los anteriores, el subsidio eléctrico.
- 2,115 hogares se benefician del incentivo de apoyo escolar destinado a fomentar la permanencia en las aulas de niños y adolescentes.
- 51 núcleos con menores en situación de discapacidad perciben una asignación mensual específica de 6,000 pesos dominicanos.
- 23 hogares son respaldados con una partida especial de 10,000 pesos a través de la vertiente de empoderamiento femenino.
Demandas comunitarias y desafíos inflacionarios
A pesar de la robustez estadística presentada por las autoridades, el clamor generalizado de los asistentes giró en torno a la erosión del poder adquisitivo. Los beneficiarios expusieron de manera frontal que las asignaciones económicas actuales resultan insuficientes para cubrir la canasta básica familiar, marcadamente afectada por las fluctuaciones inflacionarias internacionales y locales. En este sentido, exigieron una revisión al alza en los montos de la tarjeta fiscalizadora, así como una expansión sustancial en la cobertura de servicios esenciales como el Bonogás y el Bonoluz.
Asimismo, se puso sobre la mesa la apremiante situación de la tercera edad, solicitando al Ejecutivo robustecer el padrón de pensiones solidarias para garantizar una vejez digna a aquellos ciudadanos que carecen de historiales de cotización en la seguridad social formal. Por su parte, la dirección regional reconoció las barreras logísticas que enfrentan sectores poblacionales apartados debido a padecimientos de salud o movilidad reducida, comprometiéndose a descentralizar aún más la atención estatal.
Perspectivas y compromisos institucionales
La directora general de la entidad, Mayra Jiménez, reiteró que la misión fundamental de estas jornadas de escucha activa radica en trascender el despacho burocrático para pulsar directamente el pulso de la realidad comunitaria. La funcionaria subrayó que el reordenamiento y la optimización de los recursos continuarán guiados por las sugerencias ciudadanas, con el firme propósito de blindar los presupuestos de los hogares en condiciones de vulnerabilidad extrema y garantizar que el tejido social del país se fortalezca desde sus cimientos más periféricos.
